Continúa la polémica con Educación para la Ciudadanía

Desde hace muchos meses (véase un artículo anterior de nuestra revista), uno de los caballos de batalla del PP y el Gobierno en materia de educación es la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos implantada con la LOE.

Dos de las Comunidades Autónomas más críticas con la asignatura son la Comunidad Valenciana y Madrid. La primera propone que dicha asignatura sea optativa y que se imparta ¡en inglés!, mientras que ya desde el año pasado Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, promete amparar a los objetores y ofrecerles la sustitución de Educación para la Ciudadanía por distintas actividades, lo que para el Ministerio de Educación es totalmente ilegal. A la espera de una sentencia del Tribunal Supremo, el PP defiende siempre la objeción de conciencia y la no impartición de los contenidos establecidos por el Gobierno, sin que esto perjudique el expediente académico del alumno objetor.

Este apoyo cerrado a la objeción, que el PP considera totalmente legal y amparado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ha admitido la objeción de varios alumnos, pero cuenta con resoluciones en contra en Asturias, Cataluña y Aragón), llega después de que, en las últimas semanas, distintas asociaciones que promueven el boicoteo, como la Confederación Católica de Padres (Concapa), hayan pedido públicamente a Rajoy que se pronuncie. Le han reclamado que unifique las diferentes posturas de las comunidades del PP, incluida Navarra que, gobernada por UPN, ya imparte Ciudadanía y no está permitiendo la objeción. También la de los gobiernos populares de Castilla León y La Rioja, que se han estado desentendiendo de las objeciones porque no es su competencia.